Guía práctica para analizar las observaciones de los juzgados
Conceptos generales
Elaboramos esta guía para ayudar a los abogados/as en el análisis de los proveídos de los juzgados que observan las liquidaciones. En primer lugar, debemos tener en cuenta que muchas veces los juzgados por las dificultades de análisis del sistema o porque el empleado que controla la liquidación no tiene experiencia en la misma, realizan observaciones que no están relacionadas directamente con el cálculo presentado. Por eso es importante revisar previamente si la observación es correcta, porque a veces el proveído no tiene relación directa con el cálculo presentado y requieren un nuevo cálculo que no hace más que generar una demora en el expediente que se resolvería fácilmente presentando un escrito aclaratorio. Por eso va a encontrar aquí las cuestiones más comunes que observan los juzgados y de qué modo analizarlo en base a nuestro cálculo para determinar si la observación es correcta o se trata: de un error del jugador no haberlo analizado correctamente, o de un error por no entender el formato de cálculo efectuados.Haga click en el capítulo para ver las indicaciones
Reajuste de la PBU
Hay básicamente 3 criterios en cuanto al reajuste de la PBU:
• Un criterio es aplicar para la PBU el mismo índice que se utiliza para actualizar las remuneraciones. Esto es, en la mayoría de los casos, el índice de salarios básicos de la industria y la construcción (ISBIC) solo o bien combinado con los aumentos de ANSES a partir de marzo del 2009. Este es el criterio del caso Bruzzo en aplicación del precedente Elliff. Bruzzo es el caso de la sala III de la Cámara federal de la Seguridad Social. Algunos juzgados sin embargo consideran que no se puede reajustar la PBU por este criterio para las personas jubiladas a partir de marzo de 2009 porque la ley 26417 ya establece un mecanismo de actualización, por lo cual rechazan el reajuste.
• Otro criterio es aplicar el precedente Badaro, lo cual implica darle a la PBU el incremento del índice de salarios que publica el INDEC y es hasta el 31 de diciembre de 2006 y por el período posterior los aumentos generales dictados por ANSES. Este es el criterio del caso Pérez de la sala I de la Cámara federal de la Seguridad Social. Igual que en el caso bruzzo algunos juzgados consideran que la persona que haya adquirido el beneficio posteriormente al 31 de diciembre de 2006 no le corresponde el reajuste de la PBU por estar fuera del periodo Badaro.
• Por último hay juzgados que consideran que no corresponde al reajuste de la PBU
Recordemos que por el precedente Quiroga el reajuste de la PBU se difiere siempre para la etapa de ejecución. Para que en esta etapa se haga lugar al reajuste la confiscatoriedad debe superar el 15% con respecto a la totalidad del haber. Esto surge de nuestro calculo:
En ese caso la PBU reajustada representa una confiscatoriedad del 16,7% en relación con la totalidad del haber, por lo que si corresponde el reajuste.
Si el porcentaje fuese inferior al 15% no correspondería hacer lugar al reajuste en la etapa de ejecución.
Si el cálculo fuese observado en relación con el reajuste de la PBU habría que verificar previamente a encargar un nuevo cálculo: si la PBU efectivamente esta reajustada porque puede ocurrir que en realidad en la primera página figura que se reajusta la PBU por el método ordenado en la sentencia pero la misma no está reajustada: o bien porque no supera el 15% de Quiroga, o porque hay un error en nuestra liquidación pero que en realidad no afecta el cálculo por lo cual no sería necesaria una nueva liquidación y en muchos casos aclarando por escrito el juzgado modifica el proveído y si aprueba la liquidación evitándose la lógica demora de presentar un nuevo cálculo con su respectivo traslado.
En este caso no sería necesario presentar una nueva liquidación, en realidad bastaría conexplicarle por escrito al juzgado que si bien en el encabezado dice que la PBU fue reajustada y se aplica el fallo Quiroga, en la práctica ello no es así por no superar el 15% de confiscatoriedad. Como figura en el ejemplo, la PBU fue analizada conforme los parámetros indicados, pero al tener una diferencia del 0,75% de confiscatoriedad no fue reajustada y es exactamente igual a la usada por ANSES en la determinación del haber inicial (puede compararlo al ver la resolución). En la mayoría de los casos, con aclararle al juzgado que la PBU reajustada inicial del cálculo es exactamente la misma que la tomada por ANSES es suficiente, y así evitamos la presentación de una nueva liquidación con la demora que eso implica en la confección más traslado y pase a sentencia del expediente.
• Un criterio es aplicar para la PBU el mismo índice que se utiliza para actualizar las remuneraciones. Esto es, en la mayoría de los casos, el índice de salarios básicos de la industria y la construcción (ISBIC) solo o bien combinado con los aumentos de ANSES a partir de marzo del 2009. Este es el criterio del caso Bruzzo en aplicación del precedente Elliff. Bruzzo es el caso de la sala III de la Cámara federal de la Seguridad Social. Algunos juzgados sin embargo consideran que no se puede reajustar la PBU por este criterio para las personas jubiladas a partir de marzo de 2009 porque la ley 26417 ya establece un mecanismo de actualización, por lo cual rechazan el reajuste.
• Otro criterio es aplicar el precedente Badaro, lo cual implica darle a la PBU el incremento del índice de salarios que publica el INDEC y es hasta el 31 de diciembre de 2006 y por el período posterior los aumentos generales dictados por ANSES. Este es el criterio del caso Pérez de la sala I de la Cámara federal de la Seguridad Social. Igual que en el caso bruzzo algunos juzgados consideran que la persona que haya adquirido el beneficio posteriormente al 31 de diciembre de 2006 no le corresponde el reajuste de la PBU por estar fuera del periodo Badaro.
• Por último hay juzgados que consideran que no corresponde al reajuste de la PBU
Recordemos que por el precedente Quiroga el reajuste de la PBU se difiere siempre para la etapa de ejecución. Para que en esta etapa se haga lugar al reajuste la confiscatoriedad debe superar el 15% con respecto a la totalidad del haber. Esto surge de nuestro calculo:
En ese caso la PBU reajustada representa una confiscatoriedad del 16,7% en relación con la totalidad del haber, por lo que si corresponde el reajuste.
Si el porcentaje fuese inferior al 15% no correspondería hacer lugar al reajuste en la etapa de ejecución.
Si el cálculo fuese observado en relación con el reajuste de la PBU habría que verificar previamente a encargar un nuevo cálculo: si la PBU efectivamente esta reajustada porque puede ocurrir que en realidad en la primera página figura que se reajusta la PBU por el método ordenado en la sentencia pero la misma no está reajustada: o bien porque no supera el 15% de Quiroga, o porque hay un error en nuestra liquidación pero que en realidad no afecta el cálculo por lo cual no sería necesaria una nueva liquidación y en muchos casos aclarando por escrito el juzgado modifica el proveído y si aprueba la liquidación evitándose la lógica demora de presentar un nuevo cálculo con su respectivo traslado.
En este caso no sería necesario presentar una nueva liquidación, en realidad bastaría conexplicarle por escrito al juzgado que si bien en el encabezado dice que la PBU fue reajustada y se aplica el fallo Quiroga, en la práctica ello no es así por no superar el 15% de confiscatoriedad. Como figura en el ejemplo, la PBU fue analizada conforme los parámetros indicados, pero al tener una diferencia del 0,75% de confiscatoriedad no fue reajustada y es exactamente igual a la usada por ANSES en la determinación del haber inicial (puede compararlo al ver la resolución). En la mayoría de los casos, con aclararle al juzgado que la PBU reajustada inicial del cálculo es exactamente la misma que la tomada por ANSES es suficiente, y así evitamos la presentación de una nueva liquidación con la demora que eso implica en la confección más traslado y pase a sentencia del expediente.
Observaciones por el haber caja, haber administrativo o haber ANSES
En los beneficios otorgados bajo el amparo de la ley 24241, si el juzgado observa la liquidación porque no coincide el haber el haber inicial de caja de nuestro cálculo con respecto a la resolución de otorgamiento hay que controlar si efectivamente no coinciden los valores de PBU PC y PAP. Muchas veces por la fecha de adquisición del derecho y la del acuerdo del beneficio vamos a tener dos haberes diferentes: Haber al alta y un Haber al cese. Nuestros cálculos incluyen los dos valores y, a su vez, distingue el haber bruto del haber neto. Nos ha ocurrido que muchas veces el juzgado confunde haber neto con haber bruto y entonces compara uno con otro y nos observa la liquidación cuando en realidad el haber coincide.
En este caso el haber de ANSES coincide a la fecha de adquisición pero no a la fecha de acuerdo dado que coinciden los valores de PBU, PC y PAP a la fecha de adquisición, en caso que sea observado por el juzgado habría que aclarar la situación y solicitar que se apruebe la liquidación. No es necesaria una nueva liquidación.
En este caso el haber de ANSES coincide a la fecha de adquisición pero no a la fecha de acuerdo dado que coinciden los valores de PBU, PC y PAP a la fecha de adquisición, en caso que sea observado por el juzgado habría que aclarar la situación y solicitar que se apruebe la liquidación. No es necesaria una nueva liquidación.
Observaciones por los haberes percibidos
Si la liquidación fuese observada porque no coinciden los haberes percibidos, ya sea porque el titular percibió en algún momento el suplemento por reparación histórica automático sin firma o bien porque algún mensual no corresponde el haber percibido con el que surge del cálculo, le vamos a solicitar que Revise si efectivamente eso es así buscando los respectivos recibos de jubilación a través de “MI ANSES” en el periodo del retroactivo para chequear si es así o el juzgado cometió un error y, en su caso, informarnos en qué mensuales no coinciden los valores percibidos. Recuerde siempre que en el caso de la ley 24241 es necesario sumar los valores de PBU PC PAP y si percibió en el periodo suplemento por movilidad o bien suplemento docente para compararlo con los que surgen de la columna percibidos de nuestro cálculo:
Si la observación tiene que ver con que el titular cobró el suplemento por reparación histórica automática, que fue una adicional que se le abonó a algunos jubilados entre fines del 2016 y el 2018 deberá revisar los haberes a través de “MI ANSES” para chequear si en ese periodo figura el adicional reparación histórica e informarnos en qué períodos cobró la misma (período desde y hasta).
Si la observación tiene que ver con que el titular cobró el suplemento por reparación histórica automática, que fue una adicional que se le abonó a algunos jubilados entre fines del 2016 y el 2018 deberá revisar los haberes a través de “MI ANSES” para chequear si en ese periodo figura el adicional reparación histórica e informarnos en qué períodos cobró la misma (período desde y hasta).
Observaciones relativas a los topes
Igual que en el caso de la PBU el juzgado puede observar la liquidación porque no se aplicó alguno de los topes que se difieren para la etapa de ejecución. El criterio generalizado desde hace varios años – especialmente a partir del precedente Actis Caporale – indica que los topes son diferidos para la etapa de ejecución, por lo cual es muy importante cuando se presenta la ejecución si de nuestro cálculo surge que alguno de los topes diferidos supera el 15% de confiscatoriedad plantearlo en la demanda de ejecución. Además se deberá estar atento para el caso que se rechace la confiscatoriedad de alguno de los topes si efectivamente estaban diferidos para la ejecución, dado que a veces los juzgados no aceptan en la ejecución la inconstitucionalidad del tope cuando la sentencia de grado claramente habían dispuesto que sea diferida la confiscatoriedad para esta etapa. Tener en cuenta que muchos casos sin la inconstitucionalidad de alguno de los topes la liquidación puede no arrojar ninguna diferencia o arrojar diferencias muy menores por lo cual es importante estar atentos para en todo caso si corresponde apelar la resolución que rechace declarar la inconstitucionalidad del tope en esta etapa. Siempre que la sentencia haya diferido la inconstitucionalidad del tope para la ejecución cuando efectuamos el cálculo no aplicamos ese tope a menos que no supere el 15% de confiscatoriedad, si lo supera siempre calculamos sin aplicar los topes. También en el informe aclaramos que corresponde pedir la inconstitucionalidad del tope para que sea pedida en la ejecución. De todos modos, al igual que la PBU puede suceder que en realidad no supera el 15% por lo cual aplicamos el tope pero en la primera hoja del cálculo se indica que no se aplica siempre que supere el 15% y el juzgado ha observado la liquidación por el tema del tope sin perjuicio que esto no afecta al haber reajustado dado que ese tope en realidad se está aplicando. Por esto es importante prestar atención a si – por más que el cálculo diga que no se aplica el tope cuando supere el 15% – efectivamente no se está aplicando el tope.
Tope de la remuneración máxima sujeta a aportes
Este tope refiere al máximo de la remuneración computable para la determinación del haber (PC y PAP). Tener en cuenta que en el caso “Gualtieri” la corte dispuso que si el titular aportó sobre un valor topeado pero en realidad tenía un salario superior no tiene derecho a reclamar que se computen la totalidad del salario percibido, sino el valor del tope. Ahora bien, “Gualtieri” refiere al salario que originalmente superaba el tope y no a la situación que se da cuando un trabajador aportaba por debajo del tope y aportó sobre la totalidad de su sueldo pero que luego actualiza al momento de jubilarse ese salario supera a el tope vigente a ese momento. Esa situación fue planteada en el caso Lolhe y la corte reconoció que el trabajador tiene derecho a que se reconozca el salario percibido actualizado sin la aplicación del tope. Esto es importante porque muchos jueces confunden la aplicación del caso “Gualtieri” y la invocan cuando lo que se plantea en el cálculo no es tomar el salario efectivamente percibido por encima del tope sino el salario original no topeado actualizado al momento de adquisición del derecho, momento en el cual si supera el tope de la remuneración máxima a ese momento. En caso de ser observado por aplicación del caso “Gualtieri” cuando los salarios considerados son los originales de la resolución no corresponde realizar una nueva liquidación sino plantear por escrito que la liquidación es correcta porque no se aplican salarios por encima del tope sino los salarios computables debidamente actualizados. En nuestro cálculo el tope de la remuneración máxima sujeta a aportes se puede ver en las hojas que siguen a partir de remuneraciones computables según sentencia
En este caso la remuneración original no supera el tope de la moderación máxima sujeta a aportes pero cuando se la actualiza al momento de adquisición del derecho genera un valor que supera ampliamente el tope máximo con una confiscatoriedad de 323%. Si el juzgado observase esta liquidación, basta con indicarle en un escrito que las remuneraciones consideradas en el cálculo son las que surgen de la resolución y las efectivamente computadas a los efectos previsionales por el organismo pero que actualizada superan el valor vigente al momento de adquisición del derecho por lo que corresponde a la etapa de ejecución (siempre que el tope haya sido diferido para esta etapa) que se declare la inconstitucionalidad del tope. En este caso no es necesario presentar una nueva liquidación. Tope del artículo 26 de la ley 24241 Este tope – si en el cálculo – figura en un cuadro aparte dentro de nuestro cálculo, donde además figura una columna con la confiscatoriedad que produce.
El cálculo surge en primer lugar la confiscatoriedad comparando pc contra( con tope artículo 26) y agarra ajustado ( con y sin tope del artículo 26). El cómputo está agregado dentro de la liquidación presentada con la ejecución y el juzgado observará por qué no se acredita que la confiscatoriedad es superior al 15%, la observación es errada porque surge claramente en cada periodo qué porcentaje de confiscatoriedad produce la aplicación del artículo 26.
En este caso la remuneración original no supera el tope de la moderación máxima sujeta a aportes pero cuando se la actualiza al momento de adquisición del derecho genera un valor que supera ampliamente el tope máximo con una confiscatoriedad de 323%. Si el juzgado observase esta liquidación, basta con indicarle en un escrito que las remuneraciones consideradas en el cálculo son las que surgen de la resolución y las efectivamente computadas a los efectos previsionales por el organismo pero que actualizada superan el valor vigente al momento de adquisición del derecho por lo que corresponde a la etapa de ejecución (siempre que el tope haya sido diferido para esta etapa) que se declare la inconstitucionalidad del tope. En este caso no es necesario presentar una nueva liquidación. Tope del artículo 26 de la ley 24241 Este tope – si en el cálculo – figura en un cuadro aparte dentro de nuestro cálculo, donde además figura una columna con la confiscatoriedad que produce.
El cálculo surge en primer lugar la confiscatoriedad comparando pc contra( con tope artículo 26) y agarra ajustado ( con y sin tope del artículo 26). El cómputo está agregado dentro de la liquidación presentada con la ejecución y el juzgado observará por qué no se acredita que la confiscatoriedad es superior al 15%, la observación es errada porque surge claramente en cada periodo qué porcentaje de confiscatoriedad produce la aplicación del artículo 26.
Tope del artículo 9 de la ley 24463
La ley 24463 prevé el tope máximo de haber percibido, si el haber reajustado supera ese máximo se efectúa la deducción. Por otro lado, si dicha deducción – en función del caso Actis Caporale – supera el 15% de confiscatoriedad se deberá solicitar la inconstitucionalidad de ese tope en la etapa de ejecución de sentencia. En el cálculo de la ley 24241 la confiscatoriedad de ese tope surge del último cuadro que es el de “El cuadro de diferencias entre los haberes devengados y los percibidos”:
En primer lugar arriba podemos ver que el criterio aplicado siempre es la “validez” del tope a menos que la confiscatoriedad supere el 15%, en cuyo caso, no se aplica.
En primer lugar arriba podemos ver que el criterio aplicado siempre es la “validez” del tope a menos que la confiscatoriedad supere el 15%, en cuyo caso, no se aplica.
El artículo 9 se aplica de la siguiente manera: Al haber devengado se le resta el percibido y la obra social, ese es el valor sobre el cual se calcula la deducción. Si el la confiscatoriedad en menor del 15% se descuenta la columna deducción, caso contrario esa columna no se descuenta.
En este caso si el juzgado observará la liquidación porque no se probó mes a mes que la confiscatoriedad del artículo 9 sea superior al 15% la observación es equivocada, no corresponde hacer una nueva liquidación sino aclarar por escrito al juzgado que en la columna de haberes devengados y percibidos se demuestra mes a mes la confiscatoriedad del tope.
Falta de descuento de obra social.
A veces los juzgados observan la liquidación porque no se efectuó el descuento de obra social. Esto es incorrecto se puede ver en todos nuestros cálculos en el cuadro de diferencias entre lo devengado y lo percibido que en la quinta columna figura el descuento como INSSJP (descuento obra social o PAMI):
Observación por cobro de la sentencia por parte de anses.
Puede ocurrir que el juzgado observe la liquidación porque ve a través del sistema de ANSES que la parte cobró una liquidación de sentencias. En ese caso necesitamos que nos informe en qué mensual fue el cobro y nos envíe el recibo de pago para descontarlo de la liquidación. Si el pago de sentencia fuese posterior a nuestro cálculo deberá abonar el costo de la actualización del cálculo para descontar el pago y revisar si la liquidación fue correctamente abonada o hay diferencias para reclamar. Si el titular nunca cobró la liquidación que indica el juzgado lo correcto no es iniciar la ejecución de sentencia sino en primer lugar solicitar en anses el repago de esa sentencia que no se cobró probablemente porque no haya llegado la notificación al titular de que la sentencia estaba al pago. El repago es un procedimiento administrativo que lleva unos meses y es más corto que la ejecución de la sentencia. En ese caso hay que hacerlo previo a iniciar una nueva liquidación.